Los propietarios eran dos familiares directos de José Antonio Hernández, exalcalde del PP, y se adquirieron para ampliar el edificio por 901 €/m2, precio que casi triplica la media de las compras públicas de suelo de aquella época.


Nada menos que 901’5 €/m2 fue el precio que se pagó por los terrenos en los que hoy se levanta el edificio del Ayuntamiento de Yebes. La operación se fraguó en 2007, durante el último mandato de Aurelio Sánchez Nicolás al frente de la Alcaldía, y el montante total se elevó a 381.577,36 euros. Llama la atención que el precio medio de las compras públicas de suelo que se negociaban en aquella época en este pueblo estaba en unos 300-400 euros por metro cuadrado, es decir, una tercera parte de lo que se abonó. Los solares sumaban una superficie de 423 m2, eran propiedad de dos familiares directos del entonces concejal de Urbanismo y posterior alcalde del PP, José Antonio Hernández, y fueron adquiridos como parte del proyecto de ampliación del Ayuntamiento, que fue redactado por el arquitecto honorífico Jaime de Grandes.

Joaquín Ormazábal denuncia el “indecente despilfarro” de este “megalómano proyecto”, cuyo coste global ascendió a dos millones de euros. La operación contó con los informes favorables de la Secretaría-Intervención, “actitud que sorprende a la vista del afán de este funcionario a emitir reparos por facturas ridículas”. El edificio del Ayuntamiento de Yebes se ubica en la Plaza Mayor del pueblo y fue inaugurado en diciembre de 2009 sobre el emplazamiento original, de acuerdo con la reforma que se llevó a cabo de la antigua Casa Consistorial y que databa de mediados del siglo XX. Ocupa un solar de 700,30 m2 y tiene una superficie útil de 1.674,12 metros cuadrados. La última planta está completamente desocupada y en la actualidad allí apenas trabajan seis funcionarios. “Los costes de mantenimiento de este edificio innecesario son una auténtica lacra. Hasta el punto de que las facturas de electricidad son más caras que las del Centro Deportivo Municipal ‘Valdeluz’”, ejemplifica el alcalde de Yebes.

“Queremos que se depuren las responsabilidades de la adjudicación al colegio ‘Luz de Yebes’ y el papel de los máximos responsables, desde el alcalde y la Secretaría-Intervención hasta CCM y Alfedel”

El Gobierno municipal de Yebes también pondrá en conocimiento de la Justicia la posible prevaricación en la que habría incurrido el secretario-interventor, con la connivencia de la anterior Administración del Partido Popular, por la liberación del teniente de alcalde con el Gobierno de José Antonio Hernández. Militar de profesión, Juan Manuel López Torrecilla se encontraba en situación de reserva y percibía dos sueldos del erario público. “Durante un tiempo cobró dos nóminas públicas, contraviniendo lo dispuesto por la legislación vigente. Poco después renunció al segundo pero, curiosamente, nunca se le reclamó al no sumarse a una moción de censura contra el propio alcalde”, resume el edil.

Implicación en la operación Púnica

Con el fin de que se depuren las posibles responsabilidad a las que pudiera dar lugar, el equipo de Gobierno tiene intención de entregar a la Fiscalía Provincial de Guadalajara el expediente del proceso de adjudicación de la concesión administrativa al colegio ‘Luz de Yebes’, que lleva más de cuatro años en concurso de acreedores. El franquiciado del centro es Alfedel SL, acrónimo que identifica a Alfonso Ferrón del Río, sociedad que figura en la lista de empresas implicadas en la ‘Operación Púnica’ y cuyas discrepancias con los cooperativistas derivaron en un pleito penal entre ambos. La concesión contó con el informe jurídico favorable de la Secretaría-Intervención a pesar de que las Entidades Locales no tienen competencias para adjudicar esa condición a un centro educativo.

“Queremos que se investiguen las circunstancias que rodearon aquella concesión y el papel de los participantes, desde al alcalde y la Secretaría-Intervención hasta Alfedel y la entidad bancaria CCM”, anuncia Joaquín Ormazábal. El alcalde asegura que los vecinos del municipio “tienen derecho a saber” dónde fue a parar la diferencia entre el préstamo de 22 millones de euros que se le concedió a la sociedad y los 7 millones de euros en los que está tasado el centro. Contaba con un periodo de explotación del suelo de 50 años, por lo que las consecuencias que se podrían derivar del cierre supondrían un serio varapalo para el Ayuntamiento. “En caso de tener que acudir al rescate, tendríamos que indemnizar a la adjudicataria como propietaria de las instalaciones con una millonada”, advierte. El alcalde que autorizó este “escándalo de proporciones semejantes a las del aeropuerto de Ciudad Real”, era Aurelio Sánchez Nicolás, edil durante 24 años del Partido Popular.

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